El Ministerio Público (MP, Fiscalía) investiga la página web «Ya casi Venezuela» de recolección de fondos por parte de «mercenarios» de Estados Unidos para «invadir» y «matar» en el país, informó este martes el fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró tener «varios nombres» de los donantes, a los que señaló como «cómplices».
MP investiga la plataforma "Ya casi Venezuela"
MP investiga la plataforma «Ya casi Venezuela»
Pese a que el funcionario dijo se trata de una «pantomima» que lleva adelante un «nuevo grupo de mercenarios estadounidenses, con apoyo de sujetos cobardes prófugos de la Justicia que viven» en la nación norteamericana, explicó que el MP se lo está «tomando en serio».
«La plataforma la llaman ‘Ya casi Venezuela’, donde estamos haciendo el estudio correspondiente a nivel legal. Están cometiendo delitos incluso dentro de Estados Unidos y en la esfera continental y mundial», aseguró.
Asimismo, sostuvo que las personas que «están colaborando son cómplices», así hayan donado «de uno a 20 o a 100 dólares», pues están «participando en el delito de legitimación de capitales».
«Los cómplices que dan la plata participan en el delito tanto nacional como transnacional», agregó Saab.
El pasado viernes, el Gobierno denunció que esa recolección de fondos tiene como objetivo financiar «atentados» en el país, de lo que Maduro, según dijo, alertó entonces al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en una conversación telefónica.
En el sitio web de ‘Ya casi Venezuela’ se indica que los fondos serán «dirigidos a acciones estratégicas orientadas a restaurar las instituciones y representantes electos de forma legítima, devolver la justicia y garantizar un cambio trascendental» en el país suramericano.
Solicitud de «alerta roja» a interpol
La Fiscalía solicitó a la Interpol una «alerta roja» contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por «robo agravado» y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este martes el fiscal general Tarek William Saab.
Además, ha «solicitado la inclusión con alerta roja» contra la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los mismos delitos, entre ellos «legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación».
«Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, en base a un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada», expresó Saab.
Por otra parte, tachó de «burda» y «estúpida» la orden de captura anunciada este lunes por un tribunal argentino contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que Saab también calificó como una «venganza», luego de que la Justicia del país caribeño ordenara la detención «preventiva» de Milei y las dos funcionarias.
«No es más que una pretendida retaliación, venganza, contra el Estado venezolano por haber nosotros decidido actuar en contra del perpetrador del robo del avión, (…) una reacción de última hora totalmente desenfrenada y desequilibrada del Gobierno de Milei», dijo el fiscal.
Asimismo, considera que esa acción de la Justicia argentina forma parte de «los continuos ataques orquestados por los Estados Unidos y otras potencias extranjeras y sus satélites en el continente para agraviar, para mancillar, la soberanía» venezolana.
El tribunal argentino también ordenó la captura del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo chavista.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a inicios de 2023, por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido.
