La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exigió este lunes al Estado venezolano que «asuma» y «haga cumplir» las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA al opositor encarcelado Biagio Pilieri, que contemplan, entre otras peticiones, proteger su derecho a la vida e integridad.
A través de X, la MUD recordó que la CIDH solicitó que se le permita al opositor el contacto con su familia y defensa privada, luego de que la esposa de Pilieri, María Livia Vasile, denunciara que los presentaron en una audiencia «sin presencia de sus abogados de confianza, con asistencia de un defensor público».
Asimismo, la MUD pidió su «inmediata liberación», tras ser acusado, según Vasile, de conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria, delitos que él niega.
«Hacer política no es delito», expresó la alianza opositora.
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Solicitud de «medidas necesarias» para Pilieri
La CIDH solicitó a Venezuela las «medidas necesarias» para que Pilieri pueda «desarrollar sus actividades» como integrante de «un partido de oposición» sin «ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia».
También otorgó las mismas medidas al hijo del opositor, Jesús Alfredo Pilieri Vasile -quien estuvo detenido junto a su padre, pero luego puesto en libertad-, tras considerar que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
Pilieri -miembro del comando de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- se encuentra detenido el 28 de agosto tras una protesta en Caracas, en rechazo al fallo del Supremo, que convalidó la controvertida victoria que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a Nicolás Maduro.
La PUD insiste en que el resultado oficial de las elecciones es «fraudulento» y que el vencedor es su abanderado, Edmundo González Urrutia -hoy asilado en España-, una afirmación que -dice- está respaldada por el 83,5 % de las actas electorales, recabadas -asegura- por y testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera «falsos».
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas se encuentran detenidas desde el 29 de julio -cuando se desataron protestas contra el resultado oficial de las elecciones-, mientras que 25 personas estuvieron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, contrario a lo que dice el antichavismo, que culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
EFE
