Hasta el momento, 86 adolescentes han sido excarcelados, mientras que el resto continúa tras las rejas. De acuerdo con las denuncias de los padres a través de diversos medios de comunicación, al menos ocho de los adolescentes recluidos en la sede de la PolicíaNacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7 en Caracas, fueron víctimas de abuso sexual, tortura con descargas eléctricas y asfixia.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) comparten esta preocupación, pues saben que estos adolescentes fueron recluidos junto a los adultos, muchos de ellos presos sociales, además de que no han tenido acceso a un abogado de confianza y son acusados de delitos graves como terrorismo.
En ese sentido, se preguntan: ¿Saben estos jóvenes qué significa ser un terrorista? La respuesta es No. Estos adolescentes han sido humillados y maltratados, sin comprender cómo acciones como una broma en redes sociales, caminar cerca de una protesta o simplemente expresar su descontento por la situación del país, les han costado su libertad.
Es así como surge una preocupación aún mayor: ¿Cómo se repara el daño psicológico causado a estos jóvenes? Es bien sabido que bajo condiciones de encarcelamiento hay diversos factores que afectan la salud mental, y la exposición a situaciones de riesgo por el colapso del sistema penitenciario en Venezuela agrava sus consecuencias.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo social y emocional, y es vital que los adolescentes cuenten con un entorno protector en su familia, escuela y comunidad.
En tanto, según los psicólogos consultados por el OVP, los adolescentes sometidos a violencia o encarcelamiento pueden desarrollar trastornos mentales como cambios de comportamiento, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión, psicosis e incluso llegar al suicidio. Todo esto sin considerar el profundo daño que están causando en algunos detenidos con condiciones especiales como autismo.
El pasado 12 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció sobre estos hechos y condenó “la persecución política en Venezuela y sus impactos en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a manifestarse y participar de las protestas sociales”. Destaca además el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una protección especial y reforzada, a no ser privados de su libertad junto a adultos, ni ser expuestos a situaciones de violencia o separación arbitraria de sus familias.
