Caso de presunta corrupción acentúa diatriba en España

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La crispación y la batalla política entre los partidos de Gobierno y oposición en España por un caso de presunta corrupción de un exministro socialista y exhombre fuerte del jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez saltaron al terreno judicial con un cruce de querellas entre las dos principales fuerzas políticas españolas.

Un juez de la Audiencia Nacional desestimó una querella del conservador Partido Popular (PP), líder de la oposición, que acusaba al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, en un caso que tiene como protagonista el exministro de Transportes José Luis Ábalos, hombre de confianza de Sánchez.

La presentación de esa acusación ante los tribunales fue en su momento uno de los puntos importantes de la ofensiva judicial y política de los populares contra su rival político y el Gobierno de Sánchez, que basaba su denuncia en publicaciones periodísticas sobre una supuesta entrega de dinero a cambio de favores políticos.


El escándalo mezcla además una polémica reunión que Ábalos mantuvo en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.


«Hay visos que apuntan a una financiación irregular, queremos que se investigue», recalcó el PP, que pidió la dimisión del presidente del Gobierno e incluso jugó en algún momento con la idea de impulsar una moción de censura contra Sánchez, si bien se desestimó por la falta de apoyos parlamentarios.


El juez al cargo del caso, en línea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, consideró que la información periodística no tiene entidad suficiente para abrir una investigación.


«Una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más», afirmó el magistrado Santiago Pedraz en el auto en el que acuerda la inadmisión de la querella.


Esa negativa provocó la reacción inmediata del PSOE, que anunció que contraatacaría con una querella contra el PP por injurias y calumnias. «El Partido Socialista lucha contra [la corrupción] cada día y por eso seguiremos defendiendo nuestro buen nombre», indicó la dirigente socialista Enma López, quien subrayó que «no todo vale para intentar hacer caer al Gobierno de España».

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