La movilización social por la crisis de la vivienda en España ha puesto en el ojo del huracán al Gobierno, que hoy pidió un «gran acuerdo» para blindar los suelos públicos tras una gestión que ha provocado críticas de sus socios de izquierda y de la oposición conservadora.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre y ha lamentado que la descalificación de viviendas durante los años del «boom» haya provocado que hoy no se pueda contar con un parque público.

Rodríguez ha llamado a la «unidad» y a un «gran acuerdo» de país para solucionar el problema, en una comparecencia en el Congreso que no ha convencido ni a la oposición ni a los partidos que dan apoyo al Gobierno, incluido su socio, Sumar, que ha amagado con pedir su dimisión.

«Si no está del lado correcto no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista», han advertido a la ministra desde Sumar, durante un tenso debate que ha puesto de manifiesto la dificultad de conseguir ese pacto de Estado, dado que la izquierda y la derecha de la Cámara defienden modelos distintos con medidas incompatibles entre sí.

La ministra ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado 20.400 millones de euros en políticas de vivienda y ha hecho un llamamiento a las administraciones regionales para que cooperen porque, ha admitido, «no existen varitas mágicas» para resolver el problema.

Los partidos a la izquierda del PSOE han coincidido en situar a la ministra del lado de los «rentistas», mientras que la derecha ha considerado un «fracaso» la política de vivienda del Gobierno tras seis años de gestión.

Protesta social

El debate en el Congreso se ha producido después de una ola de movilizaciones en las calles de distintas ciudades del país en protesta por los precios de alquiler y venta de viviendas, que ha alcanzado niveles sin precedentes.

Precisamente la vivienda se ha convertido en uno de las mayores preocupaciones de los españoles, según el último barómetro oficial.

Uno de los principales sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT), presentó este miércoles una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que en el país no se cumple la normativa europea porque no se garantiza el derecho a acceder a una vivienda digna.