Educadores jubilados y pensionados exigieron reapertura «inmediata» del Ipasme

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Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, alzó nuevamente su voz ante la crítica situación que enfrenta el Instituto de Prevención y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) en la entidad, el cual permanece cerrado desde hace cinco meses, afectando a más de 184 mil usuarios, entre ellos educadores activos, jubilados y pensionados, quienes dependen de sus servicios de salud.


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Jubilados y pensionados exigen reapertura del Ipasme Maracay

En este sentido, Aguilar enfatizó que a pesar de contar con el personal necesario para operar, «la burocracia institucional» ha mantenido paralizada la apertura del Ipasme, dejando «en el limbo» a todo el personal.


«Hoy damos continuidad a la preocupación y a la campaña regional que tenemos los educadores jubilados y pensionados. Nuevamente, estamos exigiendo la inmediata reapertura del Ipasme, que ya lleva cinco meses cerrado y que a pesar de haber hecho diligencias con la Gobernación del estado y las autoridades de esa institución aún sigue cerrado», afirmó.

Educadores jubilados y pensionados requieren apoyo médico

Asimismo, destacó que actualmente la situación se torna insostenible, ya que muchos de los usuarios requieren atención médica urgente y no cuentan con alternativas viables en sus comunidades.


«No podemos depender del Ministro de Educación, tampoco podemos depender de otras autoridades, sino de las propias autoridades administrativas de la institución que tienen que autorizar la inmediata apertura de este instituto que le presta beneficio a los educadores activos, jubilados y pensionados. El Ipasme es nuestro y lo queremos abierto», acotó.


Para finalizar, hizo un llamado a las autoridades administrativas de la institución, instando a que tomen las medidas pertinentes para reabrir el lugar sin más dilaciones, pues no sólo está en riesgo la salud de los educadores, sino que también representa un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno hacia este sector.


HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

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