El plan, informado por la fuerza de seguridad, incluía el asesinato de su compañero de fórmula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para “restringir el libre ejercicio del Poder Judicial”.
Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilícita dedicada al homicidio de Lula y Alckmin, llamada “Puñal verde y amarillo”, estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores haya resultado electa por el 51 % en las elecciones presidenciales.
Además, el plan criminal incluía la instalación de una “oficina de gestión de crisis institucional”, que estaba pensada para ser integrada por los propios involucrados, y detallaba “los recursos humanos y militares necesarios” para efectuar el crimen, con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”, según la Policía brasileña.
El secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, afirmó este martes tras la difusión de la información policial, que “no va a haber tolerancia para aquellos que atentan contra el estado democrático de derecho” en una conversación con periodistas en el marco de la Cumbre del G20.
