Chile y Bolivia han dado un paso significativo hacia la cooperación bilateral con la firma de un acuerdo migratorio, destinado a gestionar el flujo migratorio irregular y reforzar la seguridad en sus fronteras. Este pacto, anunciado el viernes, establece medidas concretas para enfrentar desafíos comunes relacionados con la migración y el contrabando, beneficiando tanto a ciudadanos de ambos países como a migrantes de terceros territorios.
El acuerdo marca un avance en las relaciones entre ambas naciones, tradicionalmente marcadas por tensiones históricas, y se presenta como una herramienta para abordar problemas actuales mientras se busca fortalecer la estabilidad en la región fronteriza.
Detalles del acuerdo migratorio y su impacto
El convenio establece un marco para controlar el ingreso irregular de personas y combatir actividades ilícitas como el contrabando.
Además, ambos gobiernos se comprometen a aceptar el retorno no solo de sus propios ciudadanos, sino también de migrantes de otros países que utilicen estas rutas no habilitadas.
En este contexto, se establecen protocolos claros. Si las autoridades chilenas, como carabineros o el ejército, detectan a una persona en situación irregular dentro de un radio de diez kilómetros de la frontera, será remitida a la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta institución realizará un registro biométrico y coordinará con las autoridades bolivianas para garantizar el retorno del individuo.
Estas medidas buscan no solo controlar el flujo migratorio, sino también proteger los derechos de los migrantes, garantizando un tratamiento adecuado y respetuoso durante los procedimientos.
Refuerzo en infraestructura y seguridad según el acuerdo migratorio
Desde principios de 2023, Chile ha intensificado sus esfuerzos para controlar la migración irregular, incluyendo el despliegue de tropas en la frontera y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
Estas acciones han permitido monitorear más eficientemente las áreas críticas y responder de manera oportuna a los desafíos en la zona limítrofe.
El nuevo acuerdo refuerza estas iniciativas, al añadir un componente de colaboración con Bolivia que permite gestionar de manera más efectiva el tránsito de personas y prevenir el ingreso no autorizado.
Esta colaboración también incluye compartir información y recursos para abordar el contrabando y otros delitos transfronterizos que afectan la seguridad de ambos países.
Sin embargo, el nuevo pacto demuestra que ambas naciones pueden trabajar juntas en áreas prácticas que beneficien a sus poblaciones.
Aunque no resuelve las disputas de larga data, sí abre la puerta para un diálogo más constructivo en temas de interés mutuo, como la migración y la seguridad fronteriza.
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