Este domingo 17 de mayo, en horas de la noche, se confirmó el deceso físico de la señora Carmen Teresa Navas, de 81 años de edad. La información fue difundida inicialmente por familiares y allegados, quienes compartieron mensajes de despedida a través de las redes sociales, recordando a Navas como una figura de gran fortaleza y generando múltiples expresiones de condolencia en diversos sectores del país.
El fallecimiento de la señora Navas ocurre a escasos días de haber culminado una dolorosa e incansable búsqueda de 491 días para conocer el paradero de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.
El contexto del caso Quero Navas
Víctor Hugo Quero, de 51 años y comerciante de profesión, era el principal sostén económico de Carmen Navas. De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano fue detenido a principios de enero de 2025 e imputado ante tribunales por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
Tras más de un año de exigir respuestas acudiendo a distintos centros de reclusión, el pasado jueves 7 de mayo de 2026, la señora Navas recibió la notificación oficial del Estado: su hijo había fallecido bajo custodia el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y fue inhumado sin notificación familiar debido a que, presuntamente, el detenido no suministró datos filiatorios.
Ese mismo 7 de mayo, Carmen Navas logró visitar finalmente una tumba marcada con el nombre de su hijo en el cementerio Jardín La Puerta, cerrando así su etapa de búsqueda.
Acompañamiento institucional y acciones legales
Previo a conocer el desenlace, la nueva Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, había sostenido una reunión con Carmen Navas, comprometiéndose a activar los mecanismos institucionales para brindar una respuesta verificable que disminuyera su incertidumbre y protegiera su calidad de vida.
Tras confirmarse el fallecimiento del ciudadano, los organismos del Estado anunciaron las siguientes medidas para esclarecer el caso que hoy deja a esta familia en luto.
El Ministerio Público asignó a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en Derechos Humanos para llevar a cabo las averiguaciones pertinentes.
Se ordenó la exhumación inmediata de los restos para ejecutar una autopsia independiente y pruebas de ADN que corroboren la identidad, tal como lo había exigido su madre.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario se dispuso a revisar los expedientes para determinar las responsabilidades ante la falta de notificación oportuna a los familiares.
El fallecimiento de la señora Navas ocurre a escasos días de haber culminado una dolorosa e incansable búsqueda de 491 días para conocer el paradero de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.
El contexto del caso Quero Navas
Víctor Hugo Quero, de 51 años y comerciante de profesión, era el principal sostén económico de Carmen Navas. De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano fue detenido a principios de enero de 2025 e imputado ante tribunales por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
Tras más de un año de exigir respuestas acudiendo a distintos centros de reclusión, el pasado jueves 7 de mayo de 2026, la señora Navas recibió la notificación oficial del Estado: su hijo había fallecido bajo custodia el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y fue inhumado sin notificación familiar debido a que, presuntamente, el detenido no suministró datos filiatorios.
Ese mismo 7 de mayo, Carmen Navas logró visitar finalmente una tumba marcada con el nombre de su hijo en el cementerio Jardín La Puerta, cerrando así su etapa de búsqueda.
Acompañamiento institucional y acciones legales
Previo a conocer el desenlace, la nueva Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, había sostenido una reunión con Carmen Navas, comprometiéndose a activar los mecanismos institucionales para brindar una respuesta verificable que disminuyera su incertidumbre y protegiera su calidad de vida.
Tras confirmarse el fallecimiento del ciudadano, los organismos del Estado anunciaron las siguientes medidas para esclarecer el caso que hoy deja a esta familia en luto.
El Ministerio Público asignó a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en Derechos Humanos para llevar a cabo las averiguaciones pertinentes.
Se ordenó la exhumación inmediata de los restos para ejecutar una autopsia independiente y pruebas de ADN que corroboren la identidad, tal como lo había exigido su madre.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario se dispuso a revisar los expedientes para determinar las responsabilidades ante la falta de notificación oportuna a los familiares.
