El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció que designará un comandante militar para liderar las operaciones de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo.
En esa región, más de 52 mil personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.
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Este nombramiento, que se formalizará mediante el estado de conmoción interior, busca coordinar las acciones de seguridad en una zona marcada por la violencia y el narcotráfico, y mejorar la protección de la población civil.
El comandante que se designe tendrá bajo su responsabilidad los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y áreas indígenas como Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
Este cargo se considera fundamental tras la declaración de estado de conmoción interior el pasado 21 de enero, que otorga al Gobierno facultades para implementar medidas extraordinarias en la región.
El nuevo comandante militar centralizará el control de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la zona, y se encargará de coordinar las operaciones para restaurar el orden público.
Entre sus tareas estará la planificación y ejecución de las acciones necesarias para neutralizar las causas del conflicto y evitar que se extienda a otras áreas.
Además, se le exigirá garantizar que todas las operaciones se realicen respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El mayor general Giovanni Rodríguez, actual comandante de la Segunda División del Ejército, es mencionado por El Tiempo como el principal candidato para el cargo. Su experiencia en la región y su manejo de la situación durante las últimas semanas lo posicionan como uno de los nombres más opcionados para asumir este rol estratégico.
Sin embargo, el nombramiento aún no ha sido confirmado oficialmente, y el Ministerio de Defensa se espera que lo haga en las próximas horas.
El comandante designado enfrentará múltiples desafíos, incluyendo la coordinación de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, la suspensión temporal de los permisos de porte de armas en las zonas más críticas, y garantizar la protección de infraestructuras vitales como los oleoductos y el control de la frontera.
La región, históricamente afectada por grupos armados ilegales y el narcotráfico, requiere una intervención inmediata para contener la crisis humanitaria y restaurar la seguridad.
En municipios como Tibú, considerado el corazón de la región, se ha intensificado el desplazamiento de población y se han habilitado albergues para atender a los afectados.
El Gobierno nacional, a través de este decreto, reafirma su compromiso de hacer frente a la violencia en la región y garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de la crisis.
