La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a prevenir una escalada de la violencia ante las acciones armadas que hoy azotan al país y pidió al Gobierno priorizar la protección a la población civil.
La entidad manifestó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados en los últimos días en distintos departamentos, con particular intensidad en Cauca y Nariño, así como otros eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Remarcó que los referidos ataques ocurrieron en un periodo muy corto, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La información disponible hasta el momento, señaló, no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada, pero los hechos sí responden a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas.
El organismo alertó cómo el uso de drones y artefactos explosivos en zonas pobladas o próximas a bienes civiles “incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades”.
Por otra parte, recordó a los grupos armados que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza y que en la conducción de las hostilidades debe respetarse las normas del derecho internacional humanitario y, particularmente, las obligaciones dirigidas a proteger a quienes no participan en ellas.
